El negocio del fuego en Chile

Los incendios forestales siempre han estado presentes en la historia del hombre, sin embargo, la percepción con la que son analizados y comprendidos puede variar de acuerdo al enfoque con que son abordados. Por ejemplo, desde las ciencias pueden ser examinados desde la ecología del fuego, que estudia el papel del fuego en la naturaleza; o desde visión de la gestión del riesgo que analiza su impacto y amenaza para la población y el medio ambiente.

Sin embargo, los episodios de los violentos incendios forestales y de interfaz forestal - urbano que afectan a nuestra región todos los veranos hacen que sean abordados, examinados y analizados desde la perspectiva de la seguridad humana como una seria amenaza para las personas, centros urbanos y la economía del país. La Corporación Nacional Forestal (CONAF) define a un incendio forestal cómo “…un fuego que, cualquiera sea su origen y con peligro o daño a las personas, la propiedad o el ambiente, se propaga sin control en terrenos rurales, a través de vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, viva o muerta. Es decir, es un fuego injustificado y descontrolado en el cual los combustibles son vegetales y que, en su propagación, puede destruir todo lo que encuentre a su paso”. 

¿Quiénes provocan los incendios? Según lo indica CONAF el 99,7%, recae en la acción del hombre, ya sea por descuidos o negligencias. Así mismo, la cultura popular ha impuesto la imagen del pirómano, una persona con desviaciones o trastornos mentales que genera incendios meramente por placer, sin embargo, la realidad es otra: sectores de la industria agropecuaria y forestal, inmobiliarias, empresas de servicios aéreos y operadores eléctricos están detrás directa o indirectamente de la generación de incendios forestales. El combate del fuego significa oportunidades de negocios para miles de empresas prestadoras de servicios asociados a la industria forestal, especialmente de medios aéreos especializados en el control y extinción, pero existen voluntades cuyo único fin es lucrar con la propagación de los incendios, independiente de la destrucción que provoquen, casi cómo una verdadera confabulación de actores privados y estatales que convierten el trabajo de control de dichos siniestros en un verdadero “Negocio del Fuego”. 

Por siglos, el fuego ha sido utilizado como una herramienta, no sólo para iluminar o cocinar, sino para la limpieza de vegetación no provechosa a fin de preparar el suelo para cultivos, así mismo, la ganadería utiliza zonas devastadas por el fuego para permitir el crecimiento de pastizal (especies pioneras) con la finalidad de crear zonas de pastoreo. Por otro lado, el sector forestal emplea el fuego para limpiar de maleza, plagas y otras impurezas en sus plantaciones de monocultivo. La utilización del fuego con estos fines, responde a la técnica de “Roza a Fuego” que se ha utilizado por cientos de años, cuyos antecedentes se remontan a tiempos de la Colonia, sin embargo, a pesar de que existen técnicas para llevar a cabo un “quema agrícola” de forma segura, la burocracia y la restricción de permisos por parte de CONAF (argumentando la prevención de incendios forestales), hace que la mayoría de las veces, se realicen de forma clandestina por personas sin mayor experiencia o sin las adecuadas medidas de prevención y control. 

En los últimos cinco años hemos sido testigos del “Boom Inmobiliario” que ha registrado nuestra región con grandes condominios residenciales en medio de bosques o apartados de los grandes centros urbanos que garantizan un lugar cómodo para vivir, alejado del estrés característico de la ciudad. Las empresas inmobiliarias también utilizan el fuego para la limpieza de los terrenos adquiridos que están próximos a ser intervenidos en faenas de urbanización… o que desean adquirir.

El 17 de noviembre de 2019, el sector de Curauma (Valparaíso), se vio afectado por un importante incendio forestal que obligó la movilización de cientos de recursos de protección civil y CONAF para poder frenar el fuego que amenazaba a sectores poblados; por el extremo comportamiento del incendio, todo apuntaba a una intencionalidad, por lo que Fiscalía abrió una investigación que resultó en la detención de dos hombres oriundos de la comuna de Carahue, en la Región de La Araucanía, y, según información de la misma entidad, trabajaban en una constructora del sector de Placilla (Valparaíso).

Durante la temporada de verano 2019-2020 los sectores de Curauma y Pacilla experimentaron un explosivo aumento de incendios forestales, especialmente en días en que las variables de riesgo “30-30-30” (30° temperatura, 30% de humedad relativa y 30 nudos de viento) estaban en su nivel más extremo; hoy, en la mayoría de las zonas devastados por el fuego se pueden apreciar importantes proyectos inmobiliarios en pleno desarrollo. 

Las operaciones aéreas contra el fuego son para muchos, todo un espectáculo. Todos recordamos las increíbles postales del “Global SuperTanker” y el Ilyushin IL-76TD “Candid” (cariñosamente bautizado como  “Luchín”) que llegaron en nuestra ayuda durante el fatídico verano 2016 -2017 y que fueron los “pesos pesados” de la operación aérea contra el fuego más grande de toda la historia de nuestro país. Sin embargo, poco a poco se fueron develando conjeturas e intereses económicos en el despliegue de medios aéreos. El “Luchín”, correspondía a la ayuda ofrecida por el gobierno ruso, por lo que sus operaciones estaba enmarcadas en conceptos de Ayuda Humanitaria, sin costo alguno para nuestro país; es preciso mencionar que la aeronave pertenece al “Ministerio de Defensa Civil, Situaciones de Emergencia y Eliminación de las Consecuencias de los Desastres Naturales” (EMERCON) de Rusia  lo que nos permite comprender el nivel de preparación de dicho país al momento de disponer recursos para la respuesta a desastres.

Caso contrario y con una historia completamente distinta es la que acompaña a su competidor norteamericano “SuperTanker”. Antes de 2017, muy pocas personas había escuchado hablar de un “Jumbo bombardero de agua”, sin embargo, cuando el fuego amenazaba con llegar a Concepción (ciudad de respaldo en caso que el Poder Ejecutivo no pueda operar desde la capital, Santiago), por redes sociales comenzó toda una campaña para que la empresa “Global SuperTanker Services, LLC” se hiciera presente en nuestro país con un avión que prometía frenar el desastre.

Lucy Ana Avilés, empresaria y filántropa radicada en EE.UU, encabezaba dicha “cruzada” ofreciendo US$2 millones para gastos operativos, luego, la familia Luksic aportaría otros US$2 millones; debido a la presión popular, que silenció las voces de expertos que afirmaban que el avión no era del todo efectivo, y la desesperación del momento, la administración de la presidenta Bachelet finalmente dio luz verde y desembolsó un total de 174,7 millones de pesos para tener al “SuperTanker” en territorio chileno, pero lo que no informaban los medios de comunicación es que el valor diario de dicha aeronave era de US$331.200, independiente si pudiese despegar o no.

La historia del “SuperTanker” ha estado marcada por problemas financieros, de hecho, su empresa original “Evergreen International Aviation” se declaró en quiebra en 2013 en parte por los costos que implicaba mantener a dos “SuperTankers” y la dificultad de captar clientes que pudiesen costear sus servicios. En 2015, “Global SuperTanker Services, LLC” compró las acciones del antiguo “Evergreen Supertanker Services” y lo puso en el aire ofreciendo sus servicios para distintas agencias forestales de EE.UU, sin embargo, en 2016 al no contar con los certificados para operar la aeronave en EE.UU (permisos renovables anualmente) y luego de sufrir daños producto de una tormenta de granizo, “Global SuperTanker Services, LLC” estaba próxima a declararse en quiebra y vender su flamante aeronave cómo chatarra… hasta que las Tormentas de Fuego de 2017 lo salvaron de la ruina económica.

Operar semejante aeronave no es fácil, al ser la modificación de un avión comercial Boeing 747-200, necesita de una pista de 2,5 kilómetros de largo, que deba soportar el peso de 400 toneladas sin sufrir daños que pongan en peligro las operaciones aéreas, también contar con una infraestructura aeroportuaria adecuada para la logística aérea, además de consumir 250 litros (aproximadamente) de combustible por hora en vuelo de crucero. Antecedentes que explican la resistencia de los expertos aéreos al momento de apoyar el despliegue de dicho avión. Pero la lucha desde el aire también involucra a las empresas de helicópteros, ese mismo año, salía a la luz el denominado “Cartel del Fuego” en las que empresas  “Pegasus South America Servicios Integrales de Aviación SpA” (Faasa), “Inaer Helicopter Chile S.A” (Inaer) y “Martínez Vidau”, habían incurrido en colusión, tráfico de influencias, sobornos y cohecho internacional, para ofrecer sus servicios en España; mismas empresas que se adjudicaron millonarios contratos de prestación de servicios para CONAF, cuyos montos oscilaban en torno a los US$ 40 millones en el periodo 2006 a 2015.  En abril de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento por colusión contra tres empresas de helicópteros: “Calquín Helicopters SpA” (Calquín), “Inaer Helicopter Chile S.A”. (Inaer), y “Pegasus South America Servicios Integrales de Aviación SpA” (Faasa). Los nombres se repiten. 

El Sistema Interconectado Central requiere de múltiples líneas de alta tensión las cuales atraviesan sectores agrícolas y forestales. Al igual que las inmobiliarias, las empresas eléctricas buscan limpiar los terrenos en los que instalaran torres de mediana o alta tensión, sin embargo, en sitios donde existen especies protegidas que obliga a las empresas a realizar trabajos de mitigación de impacto ambiental, encareciendo el proyecto, por lo tanto, la opción más económica es provocar “accidentalmente” un Incendio Forestal que arrase con toda la vegetación. Por otro lado, también existe la negligencia de no realizar la adecuada construcción de corta fuegos y limpieza de vegetación bajo las carreteras eléctricas que podría generar un incendio forestal; recordemos que uno de los mayores siniestros que afectó al sur de nuestro país en 2017 se originó por una rama que habría golpeado un cable eléctrico generando un cortocircuito y la posterior combustión del material vegetal bajo este. 

Así, por cada incendio forestal que ocurre en nuestro país, el Estado debe desembolsar millones de pesos en recursos para su combate y control, pero los hechos indican que existe una verdadera relación de lucro, digno del “Capitalismo del Desastre”. Siempre que el fuego amenace a la seguridad humana (personas, centros urbanos, entre otros), habrá un actor que ofrezca seguridad y las herramientas para neutralizar dicha amenaza, pero para que sea rentable, siempre debe estar vigente la variable de riesgo hacía la seguridad, convirtiendo todo este sistema en un verdadero círculo vicioso. Al parecer, los incendios forestales se alimentan no sólo de oxígeno y biomasa, sino sobre todo de corrupción.